En el anterior artículo de esta serie pudimos comprobar cuáles eran los principales puntos de ajuste aplicados a las hipotecas tras la inicial recomendación del banco de España y posterior confirmación del gobierno, los puntos de ajuste que, recordemos, hacen especial hincapié tanto en los límites de financiación del producto como en la limitación a los plazos de amortización del mismo.
De manera directa ambas cuestiones sitúan al usuario que desea buscar financiación para la compra de una vivienda en un escenario diferente y más complejo si cabe al que ya teníamos.
Debemos tener en cuenta en primer lugar que los grandes plazos de amortización, aquellos que contemplaban hasta 40 años o más, han sido utilizados como mecanismo de reducción de las cuotas constantes que estos productos presentan, un mecanismo que efectivamente venía a incorporar mayores costes de intereses pero que a un gran número de usuarios les proporcionaba una posibilidad de reducción efectiva real del pago mensual por su hipoteca, independientemente de que efectivamente el producto al final resultara más caro.
Por otro lado como ya sabemos no eran pocas las hipotecas que nos proponían acceder a la financiación total del valor de tasación o el importe de compraventa de la vivienda algo que lógicamente facilitaba en cierta medida el acceso a dicha compra. Sin embargo con los actuales ajustes las hipotecas en todo caso se situarán en la financiación de como máximo el 70% del valor de tasación o de compraventa, lo cual de manera directa obliga al usuario a la posesión de recursos propios para complementar la diferencia de financiación, o, de otra manera expresado, sin ahorros propios será complicado el acceso a una vivienda para determinados perfiles de usuarios, fundamentalmente para el perfil de usuario joven.
Debemos tener en cuenta que este modo, y salvando lógicamente las diferencias relativas a los tipos de interés que poco o nada tienen que ver con los que los préstamos hipotecarios presentaban hace 15 o 20 años, se vuelve en cierta medida a un modelo de hipoteca que necesita que el usuario posea recursos propios o acceda a otros modelos de financiación complementarios para su concesión, lógicamente en contraste con lo que hemos tenido en los últimos años una diferencia más que notable.
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